Nuevo diferimiento reducirá créditos y puede provocar recesión económica

A pesar de que el Gobierno asegura que el proyecto de ley que plantea la suspensión de ejecuciones de embargo y sentencias judiciales, así como el diferimiento del pago por seis meses, no afectará al sistema financiero; sin embargo, industriales señalan que la próxima legislatura debe ser la encargada de las nuevas políticas, mientras economistas anuncian que la medida reducirá oferta de créditos y provocará una recesión.
Uno de los principales objetivos del Gobierno es evitar la mora del sistema financiero, recordemos que está cerca del promedio regional de 3,3% y los últimos datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) señalan que está por debajo, 3,2%.
Liquidez
El anteproyecto de Ley N° 547/2024-2025 que plantea una suspensión temporal de las ejecuciones de embargo y sentencias judiciales de prestatarios, que cuentan con créditos de vivienda de interés social no compromete la estabilidad y solidez del sistema financiero porque no implica una condonación de deudas ni una intervención en los contratos entre prestatarios e instituciones financieras, sostiene un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Asimismo, indica que la norma dispone también el diferimiento en el pago de deudas de prestatarios de vivienda de interés social, así como de micro y pequeños prestatarios por seis meses, con el fin de que puedan recuperar progresivamente su actividad económica y restablecer sus flujos de caja, garantizando así la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones crediticias.

Sobre el tema, en entrevista con Unitel, el analista económico Joshua Bellott afirmó que de aprobarse afectará la liquidez del sistema bancario, y por lo menos, se calcula que esa medida comprometerá 2.500 millones de dólares, y la posibilidad de que los bancos sigan colocando créditos se vería complicado, en un momento complejo donde la economía nacional enfrenta la falta de dólares, desabastecimiento de combustibles y una alta inflación.
Recordó que, en 2020, la administración del Movimiento al Socialismo (MAS) aplicó el diferimiento. Detalló que la medida está acorde con la pandemia y la situación económica que vivía Bolivia y el mundo.

Dijo que, en aquella vez, se comprometió 3.500 millones de dólares de la cartera y queda todavía pendiente de pago cerca de 800 millones.
Indicó que los depósitos en la presente gestión bajaron en 1.300 millones de dólares, y que el excedente del Encaje Legal bajó en 50%. El monto comprometido de 2.500 millones equivale al crecimiento de los dos últimos años de la cartera, de 1.300 millones por año.
Hace unas semanas, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero informó de la buena salud del sistema financiero y el crecimiento que experimentó, tanto en cartera como en depósitos.
“Si bien el sistema financiero no entraría en una crisis, pero congelarían créditos, cuya acción coadyuvará para que Bolivia pueda ingresar a una recesión económica”, apuntó.
Es preocupante la medida para el sistema financiero, que puede empujar al país a entrar en una recesión aguda en los próximos meses, agregó.
En su momento, el analista económico Gonzalo Chávez indicó que Bolivia ingresó a una estanflación, o sea, un crecimiento bajo. Con una alta inflación, es decir incremento de precios de los productos.
Legislativo
Por otra parte, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Gonzalo Morales, sobre el proyecto de ley de diferimiento de pago, precisó que los temas relacionados con la banca son delicados.
“No es oportuno en esta etapa legislativa (abordar) el tema de diferimiento para Mypes y para los que accedieron a la vivienda social, (ya que afectaría a la) sostenibilidad y credibilidad del sistema financiero”, advirtió.
“Por lo tanto, consideramos que se debe tratar en la próxima legislatura”, apuntó y Bellot coincide con la opinión de Morales, por separado, al indicar que la decisión debe tomar la próxima gestión parlamentaria, ya que los actuales están de salida.
Además, el próximo gobierno que ingrese, luego del balotaje, deberá implementar políticas para frenar la crisis económica, así como otras medidas, puntualizó a tiempo de plantear que no se debería ir por el diferimiento, sino por la reprogramación.
Lamentó que el Gobierno en su documento sobre el proyecto de ley de diferimiento, sólo argumente que la medida se toma por los bloqueos, fenómenos climatológicos, pero en ningún momento menciona la crisis económica causada por sus políticas aplicadas, que redujo la liquidez del sistema financiero.
Reiteró que el próximo gobierno que entre deberá aplicar políticas anticrisis y de reactivación económica.
Temporal
El anteproyecto de Ley N° 547/2024-2025 es una medida temporal, por seis meses, específica y focalizada, sólo busca evitar mayores perjuicios sociales y económicos para los prestatarios de créditos de vivienda social y enfrentar procesos de pérdida de sus inmuebles, por tanto, no afecta la solidez del sistema financiero, señala la nota del Ministerio de Economía.
Con esa propuesta, el diferimiento potencial no superaría el 3% de la cartera total. En la gestión 2020, el diferimiento de créditos representó el 10,4% del total de la cartera bruta, y al 31 de julio de 2025 dicho saldo alcanza el 1,4%, lo que refleja una sólida cultura de pago de los prestatarios, complementa.  (El Diario)