Bolivia ante una recesión anunciada y la urgencia de un acuerdo con el FMI

Bolivia encara una de las crisis macroeconómicas más graves de su historia reciente y, según especialistas, tiene una ventana muy corta, hasta junio, para firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que evite una recesión profunda en el segundo semestre de 2026.
El economista y docente universitario Oswaldo Irusta Díaz, en entrevista con EL DIARIO, advirtió que “el acuerdo con el FMI debe ser rápido, antes de junio, porque existen predicciones de una recesión muy fuerte que se viene en el segundo semestre, que puede llegar hasta fin de año en una reducción del Producto Interno Bruto (PIB) en más de 3 puntos”.
Esta advertencia se produce en un contexto de más de una década de déficit fiscal elevado y reservas internacionales en mínimos históricos, que han deteriorado la capacidad del Estado para sostener el actual modelo económico.
De acuerdo con Irusta, el Gobierno “debe reducir el déficit fiscal, debe existir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y destrabar todo el marco regulatorio de las exportaciones para poder generar divisas en forma constante”.
El FMI, recuerda, no solo exige un programa de financiamiento, sino un compromiso explícito de consolidación fiscal y reformas institucionales que garanticen la sostenibilidad de la deuda y el orden macroeconómico.

CONDICIONES DEL FONDO
El corazón de la crisis es fiscal. “Lo que exige el FMI antes de firmar un acuerdo es que se tenga un déficit fiscal bajo, es decir que se gaste menos del dinero que ingresa”, explicó Irusta.
“El déficit fiscal en Bolivia es de 12,2%, es uno de los más altos del mundo. Solamente para comparar, cuando en Argentina entra Javier Milei a la presidencia tenía un poco más de 5% de déficit”, recordó.
El Ministerio de Economía ha presentado una proyección de déficit en torno al 9% del PIB, pero para el analista “eso es todavía alto y el FMI no te da el visto bueno para el préstamo”, porque el organismo plantea “exigencias claras, entre las que está reducir el déficit fiscal y algunas otras reformas, como que el Banco Central sea autónomo, su presidente sea elegido cumpliendo disposiciones constitucionales, que la Gestora tenga un directorio elegido por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)”, remarcó.
Reducir el déficit implica un giro de alto costo social. “Bajar el déficit significa cortar por ejemplo la subvención al gas domiciliario, el precio de la gasolina, reducir el número de empleados públicos y además se deben crear compensaciones para la gente de menores ingresos”, puntualizó.
Se trata de medidas impopulares y potencialmente conflictivas, pero que, según Irusta, son la condición para recuperar el acceso al financiamiento externo y estabilizar las cuentas públicas.
“Bolivia está pasando una crisis macroeconómica estructural que tiene su origen en la parte fiscal y la parte productiva”, resumió Irusta. El modelo de los años de bonanza se apoyó en los ingresos extraordinarios del gas natural, pero no ajustó el gasto cuando la realidad cambió.
“Nosotros éramos un excelente vendedor de gas, a nivel mundial teníamos una cuota de 1,8% el año 2015 y eso bajó el 2024 a 0,5%”, señala el académico. Esta caída en la venta de gas “trae como consecuencia el ingreso de menos dólares y lo que no se hizo todo ese tiempo es ajustar el gasto a la nueva realidad, ahí se originan todos los problemas”.
“En este momento si alguien pudiera dar un diagnóstico diría que es una crisis macroeconómica típica, en la que no se están tomando, al parecer, las medidas adecuadas para solucionarla”, dijo.
La falta de divisas, insistió, “es el síntoma del problema y las escasas reservas es la consecuencia de no haber fijado los gastos más debajo de los que se debían fijar”. A ello se sumó la decisión de mantener un tipo de cambio fijo en un entorno de menor ingreso de dólares.
“Otra de las cosas que hizo el Gobierno anterior es mantener el tipo de cambio fijo, que funciona bien siempre y cuando exista una entrada de dólares y eso se corta; entonces, el tipo de cambio fijo ya no responde y se debe subvencionarlo”, sostuvo.
Irusta detalló que el creciente déficit, “que estaba en 8,5% durante la gestión de Luis Arce y saltó a 12,5%”, se financió con “las Reservas Internacionales Netas (RIN), emisión monetaria y con dinero de la Gestora que sirvieron para financiar letras del Tesoro General del Estado (TGE) y ahora en este gobierno con un canje de deuda”. “Esa es la situación general, lo demás es coyuntura que pasa por no tomar medidas a tiempo”, sentenció.
DÓLAR REFERENCIAL
En el frente cambiario, el Banco Central de Bolivia (BCB) introdujo desde diciembre un “tipo de cambio referencial” como mecanismo de transición desde el tipo de cambio fijo oficial hacia un esquema más flexible y transparente.
“En diciembre entra el tipo de cambio referencial que es una forma más transparente que encontró el Banco Central de Bolivia para mostrar lo que realmente cuesta traer los dólares al país”, explicó Irusta.
“El objetivo de dólar referencial es que los exportadores traigan su dinero a los bancos bolivianos y de esa manera aumentar las reservas que existen en el Banco Central de Bolivia, para eso lo que se tiene que hacer es ampliar la base fiscal, o sea agrandar el precio del dólar referencial para que al exportador le convenga traer sus dólares al ver que se está pagando mejor”, expresó.
En esta estrategia, “están usando al Banco Unión como señalizador. Se empieza a comprar cantidades importantes de dólares, lo hicieron el 9, 17 y el 24 de abril, y eso hizo subir el dólar referencial y a la vez el dólar paralelo se basa en el referencial, entonces también sube y el viernes 24 se cotizó a un precio mayor que el dólar referencial”, indicó.
El objetivo inmediato es fortalecer reservas en un año con fuertes obligaciones de pago de deuda. “Nosotros tenemos que hacer pagos mensuales de cupones de deuda multilateral, aproximadamente 100 millones de dólares y entre agosto y septiembre se debe cancelar cupones de deuda soberana, lo que está haciendo el Banco Central es priorizar la acumulación de reservas ante la inflación”, señaló.
“Este tipo de señalizaciones que hace el Gobierno podría generar inflación, porque para comprar dólares se necesitan bolivianos y esos bolivianos debe emitirlos el Banco Central. No es gratis la señalización”, aseguró.
Según Irusta, “los exportadores están tomando esta situación al parecer con calma. Al 17 de abril existe un ligero aumento de las reservas que están en 393 millones de dólares”. No obstante, persisten barreras que impiden que los dólares del sector exportador se queden en el sistema financiero local.
“Una de esas son las comisiones que cobran los bancos que son altas y el 3% que se cobra cuando un exportador quiere sacar su dinero al exterior para pagar fletes o insumos y se debe hacer un giro bancario, por esa operación se le cobra el 3% de comisión y eso está deteniendo a los exportadores para cumplir con las expectativas del Banco Central”, reveló.
En ese marco, el analista prevé que “el dólar referencial seguirá subiendo un poco más, en unas dos semanas, porque lo que quiere el Gobierno es tener un dólar fuerte”. Advierte que “esto es solamente un síntoma de una economía cuyo problema central es la falta de dólares por su incapacidad de generarlos”.

HIDROCARBUROS
Un capítulo importante de la crisis está en el sector hidrocarburos. “Tenemos un sistema regulatorio bastante complejo que impide hacer nuevas exploraciones de hidrocarburos, la Ley de Hidrocarburos es una ´ley tranca´ que ha desplazado totalmente a la inversión extranjera y eso es lo que se tiene que modificar, mientras no existan incentivos a las exportaciones no se pueden generar dólares”, explicó el entrevistado.
Irusta planteó que “se debe trabajar también en una reformulación que tiene que ver con las exportaciones tradicionales y no tradicionales, se debe renovar la Ley de Hidrocarburos para que pueda atraer inversión extranjera”.
Para el economista, sin una nueva arquitectura regulatoria que reduzca la discrecionalidad, acorte plazos y garantice seguridad jurídica, Bolivia seguirá perdiendo participación en el mercado internacional de gas y también la oportunidad de diversificar exportaciones.
En paralelo, el especialista descartó que la solución pase por privatizar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). “YPFB todavía no debe ser privatizado porque la Constitución Política del Estado (CPE) lo blinda”, subrayó.
El artículo 359, el 361 y 362 de la CPE básicamente impiden la privatización de YPFB y la solución no está en la privatización de esta empresa, sino en reformar las reglas de juego.”
FALLAS DE REGULACIÓN
Irusta sostiene que el problema central en hidrocarburos es de diseño institucional. “Hay todo un sistema reglamentario que se debe reformar antes de decidir si se va a privatizar o no. YPFB según la ley tiene un fiscalizador que es la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que debía haber advertido el problema de la gasolina desestabilizada y no lo hizo, debido a que existe una falla en la regulación, la ANH depende del Ministerio de Hidrocarburos al igual que YPFB, de modo si la ANH fiscaliza a YPFB y multa, también estaría multando al Estado y se pierde esa idea de pesos y contrapesos y el Estado resulta ser juez y parte”, puntualizó.
“Ese tipo de aspectos regulatorios se deben eliminar. YPFB abarcó demasiado, es una empresa gigante que hace desde exploración, refinación, comercialización, importación y distribución, eso es una cadena productiva demasiado larga”, planteó.
“Cuando las empresas tienen una cadena productiva demasiado larga, eso debe ir acompañado de gestión de riesgos eficiente y eso no existe en YPFB y eso es lo que debía supervisar la ANH, ellos deberían advertir sobre la gasolina de mala calidad para que no sea comprada”, afirmó.
El tema de los combustibles subvencionados completa el cuadro. “El problema con la gasolina es que no se liberó completamente su precio a través de los decretos supremos correspondientes, fijándose un precio que no proviene de una fórmula y por dentro había una subvención implícita, pasa lo de la guerra del Medio Oriente y los precios internacionales del petróleo se elevan y la subvención encubierta sale a relucir. En este momento, YPFB está subvencionando el costo del combustible y eso hace que el Gobierno no pueda pagar”, aseveró.
Asimismo, señala que la salida pasa por sincerar precios. “Lo que se tiene que hacer es poner un precio real a la gasolina y de ese modo este combustible se pagaría solo, porque es el consumidor el que paga el costo a un precio mayor y esto no lo hace el Ejecutivo porque tiene un costo social elevado porque significaría una inflación y ese es el riesgo, pero al momento no hay otra solución”.

COSTO POLÍTICO
Entre las medidas que propone Irusta están: acuerdo rápido con el FMI, reducción drástica del déficit, reforma profunda del marco regulatorio de exportaciones e hidrocarburos, sinceramiento de precios de combustibles y fortalecimiento de la autonomía del Banco Central, que tienen un denominador común: son políticamente costosas.
“Los gobiernos que reciben crisis heredadas son impopulares porque las medidas que debe tomar afectan a la población y esto tiene un costo político”, lamentó.
“La resistencia a firmar un acuerdo con el FMI se debe a que no se quiere pagar ese costo político y de popularidad, pero mientras más tiempo pase menos grado de libertad existe para que la economía reaccione rápido”, dijo.
En un país que acumula más de una década de desequilibrios fiscales, caída sostenida de exportaciones de gas y desplome de reservas, el margen para seguir postergando decisiones se estrecha. De la rapidez y profundidad con la que se asuma este ajuste -y de la negociación de un programa con el FMI antes de junio- dependerá si Bolivia enfrenta una recesión “muy fuerte”, como alerta Irusta, o si logra encaminar una salida ordenada a su crisis macroeconómica. (El Diario)