Regulaciones y sistemas de protección social influyen en el empleo formal

Los costos laborales en América Latina van más allá de los salarios y reflejan cómo las regulaciones laborales y los sistemas de protección social influyen en el empleo formal, la informalidad y la cobertura. Bolivia no es la excepción, ya que las normas se endurecieron contra el empleador, pero no van de la mano de la productividad y competitividad.
La publicación de María De Gador Manzano Guillén, especialista líder del Banco Interamericano de Desarrollo y Verónica Alaimo, especialista líder en Protección Social y Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo, titulado: ¿Por qué es tan caro contratar formalmente en América Latina y cómo repensar el sistema?, muestran los obstáculos que enfrentan las empresas para apostar por la contratación regular de trabajadores.

El documento señala que, en América Latina, los empleadores pagan en promedio un 50% adicional al salario en costos laborales no salariales, impulsados por contribuciones a la seguridad social y regulaciones laborales.
Además, los altos costos del empleo formal, combinados con baja productividad, son un factor clave de la informalidad y dejan a muchos trabajadores sin acceso a protecciones básicas.
Repensar cómo se financia la protección social, más allá de las contribuciones sobre la nómina, podría ayudar a ampliar la cobertura y construir mercados laborales más inclusivos, sostienen.

Ejemplo
El artículo de las economistas plantea un ejemplo: “Imagina esta escena; una pequeña empresa quiere crecer. Para hacerlo, necesita contratar a una persona más. El salario parece manejable, pero cuando se suman contribuciones a la seguridad social, los beneficios obligatorios y otros cargos, la cifra total la hace titubear. De repente, contratar formalmente cuesta mucho más de lo que parecía”.
Indican que esa no es solo anécdota aislada. Un informe reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Salaried Labor Costs in Latin America and the Caribbean: A Ten-Year Update, estima que los empleadores en América Latina pagan, en promedio, un 50% adicional al salario en costos no salariales como seguridad social o mecanismos de protección del empleo. Ese porcentaje crece al 70% en países como Argentina, Brasil y Perú, también baja a algo menos del 40% en Trinidad y Tobago, Jamaica y Chile.
Los nuevos datos y análisis de ese estudio plantean una pregunta clave: ¿por qué el empleo formal resulta tan costoso? La respuesta, en gran medida, se encuentra en el diseño de las leyes laborales y los sistemas de protección social.

Bolivia
De acuerdo con proyecciones realizadas por entendidos en la materia laboral, los costos laborales en Bolivia son elevados debido a una estricta normativa que añade aproximadamente un 46% a 68% sobre el salario base en cargas sociales, beneficios y aportes.
Los componentes principales del costo laboral en promedio son: aportes patronales (seguridad social), aproximadamente 16,71% sobre el total ganado (10% Caja de Salud, 1,71% Riesgo Profesional, 2% Pro-vivienda, 3% Aporte Solidario); los beneficios sociales (previsión), aproximadamente es 16,66% a 25% para cubrir aguinaldos (8.33%), indemnización/desahucio (8,33%) y primas. A esto se debe sumar las vacaciones, que representa un costo adicional de aproximadamente 4,81%.
Ante ese panorama adverso, empresarios proponen reformas laborales para facilitar la contratación y ampliar la formalización del trabajo, y reducir la informalidad que bordea el 85%, uno de los más altos de la región.
Durante la gestión de Evo Morales (2006-2019), la política laboral en Bolivia se enfocó en revertir la flexibilización laboral de los 80, aplicó la estabilidad laboral, elevó salarios y protegió derechos sindicales. Se aprobaron más de 50 normas laborales, destacando la Constitución Política de 2009, que establece el trabajo como un derecho fundamental y deber social.

Más allá del salario
En economía se habla de “costos laborales no salariales”. Estos no son simplemente variables del mercado, son en gran medida, obligaciones legales. Entre ellas se encuentran las contribuciones a los sistemas de pensiones, el financiamiento de seguros de salud, las licencias remuneradas y las indemnizaciones por despido, entre otras, observan las economistas.
Esas reglas buscan proteger a los trabajadores y equilibrar la relación con los empleadores. Durante el siglo XX, América Latina las incorporó en sus marcos legales, haciendo del contrato de trabajo la puerta de entrada a derechos sociales básicos.
Aquí está la paradoja: ese modelo funciona bien solo en contextos con altos niveles de empleo formal. En economías caracterizadas por una alta heterogeneidad de productividad entre empresas, los costos legales pueden ser demasiado altos para pequeñas empresas o ciertos sectores, resaltan.

Informalidad
La informalidad puede explicarse, al menos parcialmente, como el resultado de altos costos laborales combinados con baja productividad. Si bien también puede responder a otros múltiples factores (por ejemplo, cómo los marcos regulatorios estructuran los incentivos del mercado laboral; las limitaciones en la capacidad de los gobiernos para hacer cumplir la ley; carencias del capital humano de la fuerza de trabajo), el alto costo del empleo formal es un componente central de la explicación, detallan.
Desde el punto de vista jurídico, eso implica que los trabajadores informales quedan fuera de un conjunto fundamental de instituciones. No tienen acceso a la seguridad social, al salario mínimo garantizado, a la protección frente al despido o a llevar sus disputas a tribunales laborales, apuntan.
El estudio elaborado por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB): Políticas laboral y salarial en Bolivia 2006–2017, identifica al endurecimiento de la norma laboral, especialmente en lo referido a la desvinculación laboral, y al incremento sostenido de los costos salariales y no salariales como factores negativos.
En el primer caso se remarca los fuertes ajustes al Salario Mínimo Nacional (SMN) y al Haber Básico, y en el segundo, la creación de nuevos beneficios como el doble aguinaldo. Además, inciden otros componentes ligados al bono de antigüedad, el pago obligatorio de quinquenio, aportes solidarios para pensiones y otros colaterales vinculados al SMN, señala el documento.
El estudio revela que ese contexto adverso para el sector empresarial provocó un incremento en la tasa de desempleo urbano general, pero con mayor agudeza para la población vulnerable conformada por mujeres y jóvenes.
Un segundo resultado es la precarización laboral y el avance de los indicadores de informalidad. En el caso del sector público, también se identifica caída del empleo protegido (con ítem) y una subida del empleo temporal que recibe una remuneración media inferior en 2016.
Asimismo, los empresarios observan que el endurecimiento de la norma crea inamovilidad absoluta en el fuero privado, cuando en el público es relativa y está sujeta al desempeño del trabajador, además de las condiciones específicas del empleador.
Las cargas no salariales son también importantes, sumando un total que fluctúa ente 55 y 74% del costo salarial (aportes salud, pensiones, riesgo profesional, aguinaldos, antigüedad, dominical, quinquenio, vivienda, prima anual, etc.). A ello corresponde sumar los costos de beneficios como el Subsidio Prenatal y Natal.

La protección social
“Quizás la dimensión institucional más relevante del problema radica en el diseño de los sistemas de protección social. En la mayoría de los países de América Latina, las pensiones, la salud y otros beneficios sociales dependen principalmente de contribuciones sobre la nómina del empleo formal”, explican.
En contextos de alta informalidad, esto puede generar un círculo vicioso: las contribuciones aumentan el costo del empleo formal, ese mayor costo incentiva la informalidad, a su vez, la informalidad reduce los ingresos del sistema de protección social.
Ese diseño puede profundizar la segmentación entre trabajadores protegidos y aquellos que quedan excluidos.

empleo y seguridad
social
En distintos ámbitos, ha surgido la necesidad de revisar cómo se vinculan el empleo formal y la protección social. Entre las alternativas, se incluyen: fortalecer mecanismos financiados con impuestos generales, el avance hacia sistemas de protección social más universales o reducir la dependencia de contribuciones sobre la nómina.
Esas opciones buscan responder a los desafíos de cobertura en mercados laborales con alta informalidad, aunque su implementación requiere considerar las particularidades de cada país, plantean.
Finalmente, el documento de Costos laborales y Competitividad en la Industria Boliviana del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), elaborado por Carlos Arze Vargas, analiza el tema entre el período 80 y 90, entre sus conclusiones señala que la flexibilización redujo las obligaciones laborales.
Los costos laborales han sufrido disminuciones debido a cambios jurídicos que han afectado parcialmente la legislación laboral. En agosto de 1985, mediante la aplicación del DS 21060, se reordena el conjunto de los costos laborales no salariales dirigiéndose hacia una mayor racionalidad, pero a costa de reducir varios derechos adquiridos por los trabajadores, subraya el documento de Arze.

Ante ese panorama, los empresarios plantean un cambio central en el paradigma de protección al trabajo e impulso a la formalización.
La combinación de esfuerzos para moderar el crecimiento de los costos laborales, enfatizando en políticas para mejorar la productividad, que a final debe ser suficiente para sufragar los costos del empleo formal, señala el documento de los empresarios.
Las mejoras en productividad, que pasan por programas de inversión en capital humano con impacto en la producción. Se requieren inversiones en tecnología, innovación y desarrollo de capacidades empresariales para lograr competitividad.
En materia de política salarial, se propone un sistema, en lo posible, automático y distante de la coyuntura política o la negociación arbitraria. Se propone el ajuste automático por inflación y otro por la variación en la productividad. Fuente: CEPB (El Diario)