Alcaldes reclaman un lugar en el programa 50/50 y piden reunión con Paz
Tras el acuerdo de Sucre entre el Gobierno y los nueve gobernadores, la FAM solicitó una audiencia con el presidente. Reyes Villa plantea una posición común el próximo 14 de septiembre, durante el aniversario de la gesta libertaria de Cochabamba
El debate sobre la redistribución de recursos bajo el esquema 50/50 se traslada ahora a los municipios. Después del acuerdo suscrito en Sucre entre el presidente Rodrigo Paz y los nueve gobernadores, los alcaldes reclaman participar en la construcción del nuevo modelo fiscal y advierten que una reforma de esta magnitud no puede limitarse únicamente al nivel departamental.
“Sin las alcaldías no va a existir el 50/50”, afirmó ayer el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. Recordó que los gobiernos municipales tienen responsabilidades en educación, salud, servicios básicos, alumbrado público e infraestructura y, por ello, requieren más recursos. Reyes Villa anunció que los alcaldes buscarán una posición conjunta aprovechando la efeméride de Cochabamba, el 14 de septiembre, cuando llegarán autoridades municipales. “Somos los alcaldes los que nos vamos a reunir y vamos a tomar decisiones en torno a lo que necesitan nuestras ciudades”, señaló la autoridad.
El reclamo surge después del encuentro del 5 de agosto en la Casa de la Libertad de Sucre, donde el Ejecutivo y los gobernadores acordaron una ruta hacia el 50/50. Entre los compromisos está elaborar una ley especial de coparticipación y distribución de recursos fiscales, con miras a que el nuevo esquema comience a aplicarse desde el Presupuesto General del Estado 2027.
A diferencia de las gobernaciones, los municipios ya participan de los impuestos nacionales. El modelo vigente establece que el 20% de la recaudación efectiva de los tributos nacionales se destine a los gobiernos municipales y se distribuya principalmente de acuerdo con la cantidad de pobladores de cada territorio municipal. Por ello, una menor recaudación tributaria puede afectar sus ingresos.
A esa presión se suma la caída del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que redujo las transferencias a municipios y gobernaciones. Para 2026, la coparticipación prevista para los 334 gobiernos municipales y ocho autonomías indígena originario campesinas alcanzó Bs 8.908 millones, apenas Bs 61 millones más que en 2025. En cambio, los recursos municipales del IDH bajaron de Bs 1.848 millones a Bs 1.399 millones: Bs 449 millones menos. En las nueve capitales y El Alto, la reducción proyectada fue de 16,6%.
En este escenario, el presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), Johnny Torres, alcalde de Cercado en Tarija, envió una carta al presidente Paz solicitando una audiencia para establecer una agenda que incluya, precisamente, el esquema 50/50.
Torres fue elegido durante el XI Congreso Nacional Ordinario de la FAM realizado esta semana en Montero, Santa Cruz. “Tiene que haber una reunión con los alcaldes del país, al igual que hubo con los gobernadores de los nueve departamentos”, sostuvo. Según el dirigente municipal, una nueva distribución permitirá garantizar inversión pública y atender las demandas de la población.
La FAM también planteó convocar al Consejo Nacional de Autonomías y sugirió reactivar un mecanismo similar al antiguo Fondo Social de Emergencia para financiar proyectos municipales destinados a sectores vulnerables.
El debate no se limita al reparto de dinero. Reyes Villa advirtió, en ese contexto, que una mayor participación en los ingresos no debería implicar que los municipios asuman obligaciones que hoy corresponden al nivel central, como el pago de salarios de maestros o personal de salud.
Desde Santa Cruz, el vicepresidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Javier Taborga, pidió acelerar las reformas normativas. Sostuvo que el 50/50 debe financiar proyectos estratégicos de salud, educación e infraestructura y que la Asamblea Legislativa Plurinacional debe acompañar los acuerdos con cambios legales.
El acuerdo de Sucre abrió una negociación más compleja que deberá definir qué impuestos serán redistribuidos, cómo se repartirán entre gobernaciones y municipios y qué competencias acompañarán a esos nuevos recursos económicos. (El Deber)