Bolivia busca convertir la sostenibilidad en motor de desarrollo hacia 2030
El país busca acelerar su transición hacia un modelo de desarrollo sostenible con alianzas entre el Estado, empresas, cooperación internacional y sociedad civil. Los desafíos son energía, economía circular y protección de los recursos naturales
Bolivia enfrenta el desafío de transformar la sostenibilidad en una política transversal de desarrollo, con participación del Estado, empresas y sociedad civil. El objetivo es pasar de iniciativas aisladas a una estrategia coordinada que permita avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hacia 2030.
Durante la tercera Cumbre Empresarial por los ODS, el viceministro de Planificación del Estado, José Luis Llanos, anunció que el nuevo Plan Nacional de Desarrollo incorporará indicadores de los ODS de manera explícita y transversal. La propuesta busca que gobernaciones y municipios alineen sus planes con esta agenda.
Energía y conectividad son las prioridades del Gobierno. Llanos advirtió que Bolivia enfrentará dificultades con el gas fósil a partir de 2028 y planteó acelerar la transición hacia energías limpias mediante inversión pública y privada. También destacó el potencial de la Amazonía, tanto por su biodiversidad como por la posibilidad de generar recursos mediante mecanismos como el mercado de carbono.
Para atraer inversiones, el Gobierno considera necesario fortalecer la seguridad jurídica y promover asociaciones público-privadas que permitan convertir la sostenibilidad en una oportunidad económica.
Ciudades y cambio climático
En La Paz, la adaptación al cambio climático se presenta como una prioridad. El alcalde de La Paz, César Dockweiler, señaló la vulnerabilidad de la ciudad frente a fenómenos climáticos, por lo que prevé reforzar los sistemas de monitoreo y prevención. En cuanto a la gestión de residuos, plantea reducir la presión sobre el relleno sanitario mediante economía circular, compostaje y producción de combustible derivado de residuos. También proyecta instalar paneles solares en mercados, hospitales y unidades educativas, además de impulsar proyectos hidroeléctricos, tratamiento de aguas y electromovilidad.
Para el sector privado, la sostenibilidad representa una oportunidad de eficiencia. Herbert Vargas, gerente general nacional de Embol, destacó que la economía circular requiere la participación de empresas, gobiernos, consumidores, comunidades y recicladores. Indicó que el 40% de sus envases son retornables y que trabaja con recicladores de base.
Julio Silva, director ejecutivo de Fundares Santa Cruz, señaló que reducir el consumo de energía, agua y materias primas puede generar ahorros y mejorar la competitividad. A esto se suma una creciente presión de los mercados internacionales, que exigen estándares ambientales cada vez más altos a las empresas y sus proveedores.
Reducir el impacto
La industria cementera enfrenta uno de los mayores retos por sus emisiones. Marcelo Morales, gerente general de Itacamba, explicó que el sector representa alrededor del 8% de las emisiones globales y que la reducción de su huella requiere innovación tecnológica.
La empresa trabaja en el coprocesamiento de neumáticos fuera de uso para generar energía y disminuir el consumo de gas. La meta es utilizar hasta 630 toneladas mensuales de estos residuos.
En minería, Alfredo Salles, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Sinchi Wayra, defendió una actividad compatible con la protección ambiental. Señaló que sus operaciones cuentan con sistemas de tratamiento y recirculación de agua, con cerca del 80% del recurso reutilizado. Destacó la generación de empleo local y el trabajo con comunidades.
Finanzas para cerrar brechas
El sistema financiero también empieza a incorporar criterios de sostenibilidad. Verónica Gavilanes, gerente general de BancoSol, destacó el crecimiento de las finanzas sostenibles y de instrumentos orientados a generar impacto social.
A través de su programa Avanza Mujer, la entidad reporta 53.000 mujeres capacitadas en educación financiera, planificación y herramientas digitales. Gavilanes considera que Bolivia puede atraer capital internacional para proyectos sociales, verdes y climáticos, pero requiere una taxonomía verde nacional que permita identificar y clasificar actividades sostenibles.
Desde PIL Bolivia, su gerente general, Daniel Aguilar, sostuvo que la sostenibilidad debe abarcar toda la cadena de valor, desde los productores hasta los consumidores, e incluir el acceso a alimentos nutritivos y asequibles.
El debate también alcanzó a las empresas estatales. Pablo Camacho, director ejecutivo de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública, informó que de las 67 empresas estatales identificadas, 21 atraviesan una situación de quiebra técnica. El Gobierno evalúa asociaciones público-privadas y, en algunos casos, el cierre de empresas inviables. (El Deber)