Construcción profundiza su crisis tras una caída de 27,3% y la nueva subida del diésel
Desde el sector calculan que los costos de las obras subieron entre 50% y 60% en un año y plantean una fórmula para actualizar los contratos públicos de manera automática. Queda pendiente el pago de deudas a las empresas adjudicatarias
El aumento del precio del diésel de Bs 9,80 a Bs 17,95 dio un nuevo golpe a la construcción, que ya registró una caída de 27,3% en el primer semestre. El incremento del combustible se suma a la elevación del costo de los materiales por el alza del dólar y lleva al sector a pedir ajustes inmediatos en los contratos públicos para evitar paralizaciones de las obras.
“Las empresas constructoras quieren seguir trabajando, generar empleo, pagar impuestos y contribuir al desarrollo de Bolivia. Para lograrlo, necesitan condiciones que permitan cumplir los contratos y concluir las obras”, señala un pronunciamiento de la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) y el bloque de empresas del rubro.
Los sectores de la construcción sostienen que el aumento del diésel no es un problema aislado, sino que se suma al incremento de los costos de construcción, las dificultades de acceso a divisas, los problemas de flujo financiero, los retrasos en los pagos y la falta de aplicación efectiva de los mecanismos de reajuste de precios que ya están vigentes.
La principal demanda del sector está relacionada con el reajuste de precios de los contratos de obra pública. Para Caboco y el bloque del sector de la construcción, la prioridad debe ser atender el desequilibrio económico y financiero de los proyectos que están actualmente en ejecución.
“Sabemos que la medida de levantar la subvención a los combustibles era algo necesario, esto va a viabilizar las condiciones en el país. Pero también entendemos que esto debe ir coadyuvado con el apoyo del Gobierno y el reajuste de precios en la medida que corresponda en las obras de actual ejecución y para las que se vienen”, señaló el presidente de la Caboco, Jaime del Llano.
Las cámaras departamentales estiman que con el nuevo precio del combustible, que se suma al alza de los materiales de construcción, se calcula que el costo de ejecutar las obras puede ubicarse entre 50% y 60% por encima del nivel de hace aproximadamente un año.
Además se enfatiza que en muchos casos las empresas suscribieron contratos hace uno o dos años, cuando el litro de diésel se cotizaba en Bs 3,72 y el dólar estaba establecido en un tipo de cambio fijo de Bs 6,96.
Ante las constantes variaciones, el presidente de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), Eduardo Rodas Herrera, explicó que se plantea un nuevo mecanismo de reajuste que incorpore “una fórmula polinómica para actualizar los contratos” de acuerdo con la variación de los principales componentes del costo de una obra.
“Queremos un decreto supremo de reajuste de precios, pero no una copia del que tuvimos en marzo (DS 5597). Queremos una variación que incluya un componente que ya es ampliamente conocido a nivel internacional, que es una fórmula polinómica utilizada por muchos países, por organismos multilaterales, para un reajuste automático en los contratos”, subrayó Rodas.
La fórmula polinómica permite calcular varias variables para determinar el precio de una obra. Es decir que se actualizará cuando cambien sus principales costos, como materiales, mano de obra, maquinaria o combustible.
El bloque de la construcción también pide que las instituciones públicas realicen un “sinceramiento” de los recursos realmente disponibles para cada proyecto, para determinar, en función de las condiciones de cada obra, si corresponde aplicar un reajuste, reducir el alcance, establecer una suspensión temporal o acordar una terminación.
Las cámaras departamentales de la construcción expresaron su preocupación por las deudas acumuladas de entidades públicas. La falta de pagos genera un riesgo de liquidez para las constructoras.
“Nosotros teníamos un récord de montos adeudados y que no se han podido honrar hasta la fecha y con seguridad se han incrementado. Con el anterior decreto de reajuste de precios, muchos nos han dicho, no hay problema, les vamos a reajustar. Empezamos a trabajar con el precio reajustado, pero hasta la fecha no tenemos pago. Es decir, antes te debían 100, ahora te deben 120 y la deuda se acumula”, manifestó el presidente de la Cadeco Cochabamba, Marcelo Zubieta.
Mientras que la preocupación por la continuidad de las obras no es solamente una proyección. Las cámaras departamentales ya reportan proyectos paralizados o en proceso de suspensión.
“La información que tenemos de nuestras asociadas es prácticamente que más del 70% están paralizadas, aguardando que se haga efectivo el reajuste de precios. Han empezado sus trámites para hacer el contrato modificatorio donde se considere todos estos incrementos y mientras no se haga efectivo el reajuste, van a continuar paralizadas hasta que realmente se dé una solución y se pueda continuar”, señaló el presidente de la Cadeco La Paz, Martín Zurita.
El costo de las obras abre una nueva negociación para modificar los contratos de construcción
Tras la eliminación de la subvención al diésel, el Gobierno instaló mesas técnicas con representantes de la Cámara Boliviana de la Construcción (CABOCO), la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (CADECOCRUZ) y la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) para definir una respuesta al nuevo escenario de precios.
“Este trabajo ya se realizó en el mes de marzo, con el anterior Decreto Supremo y con este nuevo Decreto, es una muestra adicional del trabajo conjunto y coordinado que deseamos realizar desde el Gobierno con el sector de la construcción”, señaló el presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Ernesto Farfán, segun un comunicado.
El proceso estará acompañado por equipos técnicos de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.
La negociación se produce, en un escenario de una fuerte desaceleración del sector. La construcción cayó 13,6% en 2025 y profundizó su contracción hasta 27,3% durante el primer semestre de 2026, en un contexto de menor inversión pública, dificultades de abastecimiento y problemas para la ejecución de proyectos.
El sector también reporta una reducción del empleo, ya que el número de trabajadores habría pasado de unos 519.000 a cerca de 489.000 a nivel nacional. (El Deber)