Soboce lleva a Bolivia ante la CAN y pide frenar el cobro de Bs 744 millones
La empresa cuestiona un fallo del TSJ que, según sostiene, otorgó a Fancesa prerrogativas de una entidad estatal y vulneró el principio de trato nacional. El conflicto podría derivar en una compensación a cargo del Estado
La Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) presentó un reclamo formal contra Bolivia ante la Comunidad Andina (CAN) por una supuesta vulneración del principio de trato nacional, a raíz de un fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que otorgó “privilegios” a la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa) frente a sus competidores privados.
La cementera además pidió que, mientras se resuelve el reclamo ante la CAN, se suspenda el cobro de Bs 744 millones establecido en un proceso relacionado por una supuesta competencia desleal. El equipo técnico legal de Soboce, advirtió que el caso podría generar una eventual responsabilidad e indemnización para el Estado.
“Hemos presentado formalmente ante la Secretaría General de la Comunidad Andina un reclamo contra el Estado Plurinacional de Bolivia por quiebre de la seguridad jurídica y trato discriminatorio contra un inversionista subregional. Esta no es una simple disputa comercial, es un reclamo de cómo algunos en el sistema judicial boliviano han usado las leyes tratando de asfixiar una inversión privada extranjera”, afirmó Ricardo Barrientos, gerente nacional de Administración y Finanzas de Soboce.
El reclamo de incumplimiento fue presentado el 29 de septiembre. El mismo cuestiona el Auto Supremo 1190/2026, emitido el 26 de junio por el TSJ. Soboce sostiene que esa resolución quebró la igualdad de condiciones entre empresas al considerar que Fancesa, por contar entre sus accionistas con entidades públicas, puede recibir prerrogativas propias de una entidad estatal.
La empresa afirma que ese criterio vulnera el principio de “trato nacional” del derecho comunitario andino, según el cual las inversiones de los países miembros deben recibir el mismo tratamiento que las inversiones nacionales.
El expresidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y parte del equipo legal de Soboce, Hugo Gómez, explicó que el reclamo se basa en el principio de trato nacional, que obliga a los países miembros a garantizar a las inversiones subregionales el mismo tratamiento que reciben las inversiones nacionales.
“Este principio de trato nacional opera de la siguiente forma en Bolivia: todas las autoridades bolivianas, políticas, legislativas, jurisdiccionales y administrativas tienen que tratar a las inversiones y empresas subregionales de la misma forma como tratan a las empresas e inversiones nacionales”, subrayó Gómez.
El origen del reclamo
En 2011, Fancesa demandó formalmente a Soboce ante el Juzgado en lo Civil y Comercial de Sucre por presunta competencia desleal y daños económicos por el uso de acciones como garantía para créditos bancarios.
En 2013, la justicia resolvió probada la demanda de competencia desleal y en 2023 un juzgado público evaluó los peritajes económicos y determinó que Soboce debía pagar Bs 744,3 millones de indemnización.
La cementera argumentó formalmente la prescripción durante la etapa final del juicio ordinario ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pero el caso cerró definitivamente la vía ordinaria en favor de Fancesa y ratificando el cálculo millonario de pago.
El 25 de septiembre de este año Soboce informó el Juzgado Público Civil y Comercial 11° de Sucre le dio un plazo de 20 días para cumplir con la obligación.
Gómez observó que el Auto Supremo 1190/2026 del TSJ habría aplicado a favor de Fancesa disposiciones de la Constitución que establecen la imprescriptibilidad de las acreencias del Estado, prevista en el artículo 324, y la inembargabilidad de sus bienes, contemplada en el artículo 339, que a su criterio son prerrogativas que no corresponden a una sociedad anónima.
El trámite ante la CAN
El reclamo presentado ante la Secretaría General de la CAN es la primera etapa del procedimiento. Soboce espera que esa instancia determine si Bolivia incumplió las normas comunitarias.
Si la Secretaría General emite un dictamen de incumplimiento y Bolivia no corrige su actuación, el caso puede pasar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Gómez estimó que la primera fase podría durar entre cuatro y cinco meses
Sin embargo, el reclamo ante la CAN no implica solamente una disputa entre las dos cementeras, sino que podría avanzar hasta el tribunal de esta instancia y generar responsabilidad para el Estado boliviano.
El economista y diplomático de carrera Windsor Hernani explicó que la Secretaría General de la Comunidad Andina primero intentará una mediación entre las partes y si no hay un acuerdo, el caso podría pasar al Tribunal de Justicia de esta misma instancia, que determinaría si efectivamente hubo la vulneración denunciada.
“En la probabilidad de que ese escenario ocurra, si Soboce logra probar lo que está afirmando, el Tribunal de la Comunidad Andina puede ordenar medidas de compensación y Bolivia va a tener que compensar en la misma proporción del daño infringido”, apuntó.
Sin embargo, para Hernani el problema trasciende una eventual indemnización. En su opinión, este caso se suma a otros conflictos e incumplimientos de Bolivia en el ámbito internacional y enfatiza que la acumulación de controversias puede afectar la imagen del país y las relaciones dentro de la Comunidad Andina.
“No hay que perder de vista que estamos sin relaciones diplomáticas y ahora entramos con este reclamo de incumplimiento, entonces estamos acumulando demasiados conflictos con los países, se debería encontrar soluciones amistosas y no llegar a ser demandado", apuntó. (El Deber)